Un ensayo que desgraciadamente sigue vigente

¿EL GLIFOSATO, ARGUMENTO POLITICO O CIENTIFICO?

El uso del glifosato en Colombia ha tenido diferentes etapas, no todas ellas relacionadas con los cultivos ilícitos, pues desde la década de los setentas se lo ha venido utilizando como herbicida en cultivos lícitos y aún hoy, según palabras de Juan Pablo Bonilla, delegado de Colombia para el Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe realizado en Panamá, sólo 17 o 18 por ciento del glifosato que ingresa a Colombia se emplea en fumigar cultivos de droga.

En la década de los ochentas, durante los gobiernos de Belisario Betancourt y Virgilio Barco, el glifosato se usó para erradicar cultivos de marihuana y amapola, 5.546 hectáreas sembradas con marihuana fueron fumigadas con 11.418 galones de glifosato. A este golpe disuasivo contra los cultivos ilícitos se lo llamó la primera “gran victoria”, aunque estudios posteriores hayan demostrado que, si bien el pesticida fue exitoso en su labor, los cultivos rápidamente fueron trasladados a la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá, lugares donde el rendimiento por hectárea de la planta, debido al cambio de suelo, se incrementó, aumentando además su componente alcaloide de THC, que la hizo más deseable para los consumidores. La evidencia demuestra que la política represiva, lejos de lograr una disminución en la producción, incentivó el negocio haciéndolo más productivo.

La fumigación de marihuana cesó hacia 1989 cuando descendió la oferta debido a que en Estados Unidos se empezó a cultivar con éxito la variedad “sin semilla”. Las versiones oficiales de este revés inesperado apuntaron a loar las medidas tomadas respecto a la erradicación de cultivos y la labor de las fumigaciones, específicamente.

En los noventas la “nueva amenaza” contra la salud publica estadounidense fue la amapola, de la cual se extrae la heroína. Las fumigaciones con glifosato de nuevo empezaron, basadas esta vez en la “exitosa campaña guatemalteca contra la amapola” que arrojó datos no muy distintos a los colombianos, respecto al cultivo de la marihuana en los 80’s y que casualmente coincidió con un posterior aumento en las hectáreas cultivadas, tal como pasó en Colombia.

Actualmente se realizan aspersiones de glifosato en cultivos de cocaína y amapola a lo largo de gran parte del territorio nacional a pesar de no haberse logrado resultados contundentes en las décadas pasadas y en ocasiones haber contribuido a su proliferación, con el agravante de que este herbicida se encuentra ahora en la mira de grupos ecologistas y no solo, a causa de los continuos reclamos, quejas y denuncias provenientes de los habitantes de las zonas en donde se hacen las fumigaciones, respecto al daño ambiental, la aspersión sobre cultivos lícitos de los cuales depende su supervivencia y el deterioro de su salud.

Al parecer, lo que en un comienzo fue una alternativa represiva apoyada por el gobierno estadounidense contra la producción de estupefacientes desde su eslabón primario, como lo es el cultivo, consistente en erradicar las plantaciones por medio de herbicidas probados en laboratorios del primer mundo a base de glifosato, en su formulación más usada (round-up), terminó teniendo alcances inimaginados por quienes desde un escritorio plantean soluciones inmediatistas, con base a intereses minoritarios, a problemas de magnitudes sociales muy amplios que, desde el hermetismo de un laboratorio es imposible vislumbrar.

¿Cómo se sustenta la decisión de continuar con las fumigaciones con glifosato después de tener antecedentes tan negativos después de más de dos décadas de estar utilizándolo? ¿Por qué a pesar de tener serias dudas acerca de las consecuencias a largo plazo producidas por este herbicida no se han tomado medidas de mayor seguridad para impedir que la población termine siendo afectada? ¿Con qué argumentos el gobierno defiende su posición? ¿Dónde queda el debate científico y donde empieza el debate político?. Estos son sólo algunos de los cuestionamientos que se pueden desprender del tema y que a continuación intentaré responder.

Consideraciones científicas a tener en cuenta

El glifosato corresponde a la N-FOFONOMETIL GLICINA, es producido por MONSANTO Co., en Saint Louis- Mo., U.S.A, bajo el nombre registrado de ROUND-UP desde 1971. En Colombia es distribuido y comercializado por MONSANTO COLOMBIANA INC., y está amparado por la licencia ICA 756 de 1972. Se emplea para el control posemergente de la mayoría de las gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha, tanto perennes como anuales. Es un producto de amplio espectro y se trastoca a través de la planta, desde las hojas hasta las raíces y luego hacia su interior. Los daños externos consisten en un amarillamiento gradual de las partes verdes de la planta que avanza hasta producir la necrosis total del follaje y posteriormente con las partes subterráneas: Raíces, rizomas y tubérculos. Estos efectos se manifiestan al cabo de siete días, aunque el tiempo de acción del glifosato depende de las condiciones climáticas, geográficas y topográficas del terreno. Es un herbicida sistémico, que actúa en los procesos internos de la planta. Nos es selectivo, por lo cual no discrimina entre malezas y cultivos benéficos, entre plantas ilegales y bosques nativos. Teniendo en cuenta esto, se aconseja aplicarlo con aspersores de espalda en forma dirigida, de lo contrario, si se hace mediante aeronaves es necesario un estricto control sobre las boquillas utilizadas para su aspersión, como también sobre la altura y la velocidad del viento, cual si fuera un misil teledirigido.

Sus efectos en el medio ambiente y en la salud humana aún están siendo estudiados, y los resultados no parecen ser concluyentes. Además se deben tener en cuenta denuncias hechas a los encargados de hacer las pruebas correspondientes para provar su seguridad que apuntan a señalar graves irregularidades, según el doctor argentino Jorge Kaczewer “los que inicialmente realizaron en EE.UU. los estudios toxicológicos requeridos oficialmente para el registro y aprobación de este herbicida, han sido procesados legalmente por el delito de prácticas fraudulentas tales como falsificación rutinaria de datos y omisión de informes sobre incontables defunciones de ratas y cobayos, falsificación de estudios mediante alteración de anotaciones de registros de laboratorio y manipulación manual de equipamiento científico para que éste brindara resultados falsos”

Otras preocupaciones provienen de la falta de estudios previos sobre los suelos que serían afectados por las fumigaciones, muy distintos de aquellos donde se hicieron pruebas en el primer mundo. Y que seguramente es un factor determinante en el modo de actuar del herbicida y en su permanencia en el suelo.

La diversidad de suelos en los que se encuentran cultivadas estas plantas ilícitas es tan amplía que es necesario un estudio en singular de cada suelo a intervenir, esto implica inversiones en investigación científica, claro está, si se tiene interés en preservar la fauna nativa.



Consideraciones sociales

En Colombia las zonas en conflicto delimitan el alcance de las medidas estatales para la erradicación de cultivos ilícitos; donde hay conflicto es muy difícil tener control sobre la cantidad de hectáreas cultivadas. En este sentido el optimismo generado por los buenos resultados de las fumigaciones podría ser infundado ya que sobre los cultivos que se encuentran en zonas “rojas” no se sabe mayor cosa y su cuantificación resulta impracticable. Me pregunto: ¿están esos cultivos dentro de los 100.000 hectáreas que pretende fumigar, y siendo optimistas, acabar este gobierno?

Los cultivadores son en su mayoría comunidades campesinas e indígenas que por necesidad se han visto abocadas a recurrir a los cultivos ilícitos como arma para hacerle frente al olvido sistemático del estado y a la negligencia con la que éste actúa frente a sus problemáticas. Aunque no son los únicos, también están los cultivos de las guerrillas y los paramilitares. Los actores que resultan más afectados por los programas de fumigación son los campesinos y los indígenas. Para el estado son delincuentes por tener cultivos ilícitos. A pesar de no pertenecer a ningún bando, para efectos reales pertenecen a ambos y nunca están del lado bueno. En esa medida la preocupación ambiental debería quedar en segundo plano y se tendría que dar prioridad a las necesidades de los campesinos e indígenas que cultivan estas plantas que, por convenciones jurídicas y sociales han acabado en las garras de la ilegalidad, siendo, aún así, en el país del sempiterno sagrado corazón, unas simples matitas pertenecientes al reino del señor.

Del lado estatal

Desde el gobierno, siempre optimista (el comienzo de la verdadera modernidad se dará cuando los gobiernos empiecen a ser pesimistas) se manejan números muy concretos sobre los alcances de las fumigaciones y sobre la importancia de estos. Eso no es nuevo. Gobiernos anteriores han tenido el mismo entusiasmo y antes de cantar victoria la realidad los ha arrojado contra los hechos fuera de los escritorios y fuera de los debates de manera aún más contundente que los informes mismos a su optimismo.

En un momento las fumigaciones fueron política de los Estados Unidos para enchutarle el problema del consumo a los países productores, ellos nos daban los herbicidas y las aeronaves y nosotros simplemente fumigábamos. Después fueron motivo de certificación: Entre más se fumigara, más plata habría para más fumigaciones. Ahora es parte del Plan Colombia. La solución cambia de nombre pero no de objetivos ni de actores.

Los voceros del Gobierno no dudan en ningún momento de la eficacia de las fumigaciones y arremeten contra los detractores, haciéndolos ver como fichas de grupos armados a los cuales no les conviene que se continúe con las fumigaciones. Los planes de sustitución de cultivos los ven como alicientes injustos a personas que están violando la ley y así el juego de posiciones queda claramente denotado, unos culpan a los otros de ser marionetas de los Estados Unidos y los otros culpan a los mismos de ser marionetas de los grupos insurgentes.

Desde los ochentas se vienen dando debates ambientalistas, aunque cada vez más enfáticos, siempre han estado bajo la sombra de la marginalidad. Las voces preponderantes siempre han sido las provenientes de las cúpulas del gobierno y las cúpulas militares, que por más que quieran, no han podido sacudirse el rastro de las presiones de los Estados Unidos en sus discursos. Los debates sobre el particular se han caracterizado por la escasez y vaguedad en la información científica, y así lo demuestra las memorias del debate convocado por el entonces representante Luis Fernando Almario, en donde la voz científica brilla por su ausencia. Cabría preguntarse entonces, por las razones qué llevaron a tomar la decisión de fumigar con glifosato, que en su versión oficial dicen tener argumentos científicos, obviamente irrefutables, pero que tras el velo de su aparente rigidez esconden razones políticas, exclusivamente.

Un ejemplo de esa línea de discurso manejada desde la clase gobernante, imbuida en la “ciencia” como medio para hacer política o para no decir la verdad, se ve en las declaraciones de distintos voceros del gobierno y de entes de poder. En Ecuador, José Cabrera, presidente de la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal (Apcsa) acotó de manera algo pedante la siguiente frase:

“Todos los agroquímicos tienen cierto grado de toxicidad; unos más y otros menos.Para mejor comprensión, en cuanto a concentración, es menos tóxico que una sal de cocina que diariamente usan las amas de casa para preparar los alimentos e incluso que la Aspirina, de uso normal y corriente”

Otro caso similar sucedió en Brasil:

“El glifosato es menos dañino que la sal de mesa" afirmó uno de los gerentes de Aracruz Celulose durante una reunión pública en Brasil. Arturo Duarte Branco, líder de SINTICEL –sindicato de trabajadores de la compañía- en el acto se ofreció a beber allí mismo un vaso grande de agua con sal de mesa, siempre que el gerente bebiera un pequeño vaso de glifosato. La lealtad del hombre hacia la compañía no fue tan lejos y simplemente optó por reírse del desafío planteado. Fue una inteligente movida de su parte.

Estos argumentos sospechosamente similares difundidos en todos los países donde se ha fumigado o se fumiga con glifosato, son respuestas casi didácticas para disuadir a la opinión pública, con la única intención de atenuar las constantes denuncias de grupos ambientalistas y de personas aparentemente afectadas por las fumigaciones, pero de ninguna manera corresponden a la realidad, pues sus efectos de toxicidad aguda o crónica no deben ser las únicas referencias a la hora de evaluar sus posibles daños, están otros factores: Su potencial daño como agente mutagénico, teratogénico y cancirogénico, donde no parece ser tan benigno como lo quieren hacer ver.

En Colombia la versión que se dio desde el gobierno no difiere mucho de las dadas en estos dos países. En una entrevista hecha en 1992 al entonces Ministro de Justicia Rafael Pardo, a la pregunta sobre la intoxicación de suelos y agua ocasionada por el glifosato en páramos y bosques de niebla, responde: “Técnica y científicamente se ha demostrado que el herbicida Round-Up o glifosato mezclado exclusivamente con agua y en la dosis que se está aplicando, no afecta por intoxicación los suelos ni el agua”. Más adelante, a pesar de lo expresado, no niega que la utilización del glifosato en Parques Nacionales no debería suceder. Al parecer el glifosato sólo es tóxico en los Parques Nacionales o en los lugares donde no haya nadie para decir que es tóxico.

Los detractores opinan, no argumentan

Si bien la versión oficial es bastante sólida y dice sustentarse en argumentos muy científicos, la versión de quienes se oponen a las fumigaciones no es menos sólida ni menos científica. ¿Importa realmente si es o no dañino el glifosato? o ¿El debate nunca ha sido sobre su toxicidad sino sobre quienes se oponen y quienes están a favor de su uso? Está claro que en cada posición hay una carga política importante. Por un lado El Gobierno, las fuerzas armadas, los Estados Unidos y las empresas y laboratorios involucrados en la venta, compra, distribución y aspersión del herbicida, por el otro los campesinos, los indígenas, los guerrilleros, los paramilitares y los carteles de la droga.

Hay comunidades indígenas que se quejan de fumigaciones a cultivos lícitos, como los de papa, cuya flor, por tener un color similar al de la amapola puede ser confundida desde una aeronave con ella. Ellos apelan a la erradicación manual, pero El Gobierno insiste en su pragmatismo y dice que manualmente sería imposible acabar con todos los cultivos.

Pero lo sucedido con los cultivos de papá no es en absoluto un caso aislado. Actualmente hay 118 procesos por daños causados a cultivos legales en siete departamentos del país, más las recientes denuncias de indígenas ecuatorianos que dicen haber sido víctimas de fumigaciones fuera de lugar y que además tuvieron problemas de salud que, según ellos, fueron causados por el famoso herbicida.

Conclusiones

Durante mas de veinte años de utilización del herbicida Round-Up, conocido como glifosato, en la erradicación de cultivos de marihuana, amapola y cocaína en suelos colombianos y mas de treinta en ser usado en otro tipo de cultivos, sólo hasta la década de los ochentas se empezó a dudar de su supuesta favorabilidad, coincidiendo con la emergencia del cartel de Medellín y con la masificación de los cultivos ilícitos. Los debates que se han generado desde entonces giran en torno a sus efectos en el medio ambiente y la salud humana. Los estudios realizados apuntan a calificarlo como un herbicida de toxicidad baja, pero los vacíos en los estudios sobre sus efectos a largo plazo dejan serias dudas a los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente sobre su uso de manera tan amplia y sobre la forma en que se aplica en algunos sectores, la aspersión aérea, que es la que más problemas ha propiciado. El gobierno parece tener fe ciega en los resultados (muchas veces adversos) que han arrojado los estudios sobre el devenir de las fumigaciones y ha tenido una posición inflexible con lo opositores, posición que lo ha llevado a fumigar una y otra vez los campos colombianos esperando pacientemente a que los cultivos desaparezcan sin mayor inventiva para crear medidas menos controversiales y que estén acordes con una visión global del medio ambiente, anclados en la coyuntura que sus detractores crearon, la de velar por la ecología, arguyendo que los cultivos ilícitos son aún más dañinos que el propio glifosato, dejando entrever una cierta complicidad o complacencia con las decisiones tomadas en los Estados Unidos y una doble moral al admitir que sí es tóxico, pero sólo como contra argumento entretejido en la misma tónica ambientalista que usan los opositores.